La congresista Mercedes Cabanillas ha exigido la renuncia del viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, por el contenido de los libros escolares de Ciencias Sociales distribuidos por el Estado. Desde su punto de vista, partes del texto dirigido a estudiantes del quinto de secundaria, rayan con un contrabando ideológico por la serie de inexactitudes encontradas en el mismo. Entre las afirmaciones publicadas que provocaron la furibunda protesta de la congresista aprista están las que se relacionan a la época de subversión armada que soportó el Perú durante varios años promovida por grupos sanguinarios como Sendero Luminoso. “(El texto) habla de guerra interna, cuando lo que el Perú afrontó fue la acción de violencia y crimen de grupos subversivos” denunció indignada Cabanillas.

De hecho, en esta discusión y más allá de la necesaria escrupulosidad del texto para un nivel de educación básica en este caso, se erige, casi imperceptible, una frontera que divide la verdad histórica de un lado, y una verdad oficial del otro. Sin desmedro de la importancia que tiene la verdad fáctica sobre la que una sociedad construye su propia moral apoyada en su experiencia histórica para dar impulso a ideas y acciones que permitan mejorar su destino, ésta tiene en los historiadores o investigadores sus mejores garantes, no en los políticos. Un análisis interesante sobre la responsabilidad de discutir este tipo de verdades contradictorias, como las llamaba Isaiah Berlin, se da en el artículo titulado “Prohibido mentir” de Mario Vargas Llosa de abril de 2007. Y es a este breve ensayo que endoso mi vaporoso malestar del momento, cuando atendí la denuncia de esta congresista, porque reparé, en palabras del autor de la Ciudad y los Perros, que quienes detentan el poder político no están en condiciones de decidir con rigor científico y el desapasionamiento que requiere un quehacer intelectual responsable, la naturaleza y el significado de la historia.

No se trata de relativizar los hechos ni de negar lo que cada uno de nosotros, como testigos o víctimas, comprobamos con el terror de los bombas y asesinatos en masa. Sino de encargar la tarea de escudriñar en todos los rincones de nuestra historia a quienes con todo el aval del conocimiento y desprejuicio puedan ofrecer la mayor fidelidad de los hechos y sus más acertadas interpretaciones, aunque también puedan llegar a equivocarse. La historia en manos de políticos, como apunta Vargas Llosa, deja de ser una disciplina académica y se convierte en instrumento de lucha política para promover la propia imagen. Por eso, igualmente, se vuelve tan difícil para muchos funcionarios adscritos al actual régimen reconocer la validez no ideológica (de la que se absuelve), sino histórica del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Por lo demás, es conocido también el desconcierto de voces que origina la palabra terrorismo en el seno de las Naciones Unidas. Un obstáculo sobre definiciones que impide a algunos Estados pararse y actuar frente a grupos armados con la garantía de un respaldo internacional preciso. Pero esto exige mayores esfuerzos, mejores voluntades desde el poder. Por ahora, convengamos que la aptitud para esclarecer la historia de fracasos y victorias de un país no proviene de ningún partido político ni de congresistas muy bien intencionadas, felizmente.

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